Comparece el Fiscal Carlos Zamarripa en el Congreso de Guanajuato.

En un ejercicio transparente y de acceso a la información, para favorecer el acercamiento permanente entre las autoridades y la ciudadanía, el Fiscal General del Estado, Mtro. Carlos Zamarripa Aguirre se reunió con diputadas y diputados, en una mesa de trabajo para abundar en los temas del V Informe de Actividades de la Fiscalía General del Estado.

Lo anterior en cumplimiento con lo señalado en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, que establece la obligación de presentar un informe de sus actividades y, posteriormente comparecer ante el Congreso del Estado.

Conforme a lo establecido, el Fiscal General del Estado, Mtro. Carlos Zamarripa Aguirre atendió la invitación de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y se presentó ante los grupos de la representación parlamentaria del Congreso del Estado, quienes de manera presencial realizaron al titular de la institución procuradora de justicia, diferentes preguntas sobre su informe anual de actividades, correspondiente al año 2023, el cual se llevó a cabo el pasado 29 de febrero del presente año.

Al inicio de la Mesa de Trabajo el Fiscal dijo; constitucionalmente la seguridad pública es una función a cargo de la federación, los estados y los municipios, que comprende la prevención del delito en primer lugar, la investigación del delito, la persecución del delito, y, la sanción de faltas administrativas.

A partir de esa elemental concepción constitucional es dable decir que la seguridad pública tiene dos grandes apartados: el de la prevención, que implica acciones de inhibición del delito precisamente para que éste no ocurra, y el de la reacción, esto es, tareas de investigación y persecución del delito, cuando a pesar de los esfuerzos preventivos de la Federación, estatal y municipal éste se presenta.

En ese contexto reflexivo es dable y legítimo decir que el combate o la batalla de mayor alcance y trascendencia respecto al fenómeno delictivo no está en el esclarecimiento y sanción de los hechos delictuosos; está en lograr que se eviten, que no sucedan.

Sin embargo, ello no es así, pues a partir de equivocados entendimientos sobre lo que es y hace la Fiscalía General, conjuntadas con ideas sesgadas y criterios de orden político imbuidos de efectos mediáticos, se ha pretendido disociar la procuración de justicia de su verdadera meta, para deformarla al intentar definir
su actividad como una tarea de la que depende en solitario la seguridad pública, obviando deliberadamente que ese es objetivo de otras autoridades diferentes de la Federación, del Estado y de los Municipios y no de la función ministerial, que no tiene ni tendrá en sí misma una consideración, de prevención del delito.

El cambio es palpable; la Institución ha evolucionado y en muchos aspectos nos hemos adelantado a las exigencias del fenómeno delictivo. Hoy volteamos hacia atrás y vemos la solidez de lo construido, con proyectos que se han consolidado, han dado los resultados esperados y se han vuelto modelos referentes de más y mejor atención de calidad y con calidez. Comentó Carlos Zamarripa.

Habló de compensar a quienes invierten décadas de vida en actividades de seguridad pública y de procuración de justicia, con esquemas complementarios de seguridad social del que puedan asirse cuando culminen ese gran tramo de su existencia en el trabajo noble, satisfactorio, pero altamente, complejo de la actividad ministerial porque dramáticos son los casos que atiende y dramática es la convulsión emocional que maneja en los afectados por un hecho criminal, lo que no acontece en ninguna otra actividad gubernamental o de
ejercicio público.

Previo a la realización de este ejercicio, las y los diputados hicieron llegar al titular de la FGEG un total de 392 preguntas sobre su Quinto Informe, las cuales fueron respondidas y remitidas en tiempo y forma.
Los datos que destacaron se resumen en:
 Más de 24,000 órdenes y medidas de protección otorgadas
 Acreditaciones ante ANAB e IMNC, en diversas normas ISO
 WJP reconoció a Guanajuato por la tendencia de mejora desde la
primera edición del Índice de Estado de derecho, subiendo de la
doceava a la segunda posición
 En materia de justicia con perspectiva de género, se atendió al 100% de
las mujeres que solicitaron algún servicio
 Primer lugar con mayor puntaje en el rubro “la policía y el Ministerio
Público investigan los delitos de maneja eficaz (WJP)
 Más de 62,000 personas beneficiadas de manera pronta con la solución
de su conflicto
 Más de 300 personas certificadas en estándares de competencia
 Sentencias por más de siete siglos
 Atención al 100% de las recomendaciones en materia de derechos
humanos

A la fecha, de las personas denunciadas como desaparecidas se han localizado
a más del 90%, y de las personas que se encontraban en los diferentes lugares
de hallazgos; los arqueólogos y antropólogos forenses, y el demás personal
destinado a este rubro, están certificados y las diferentes áreas y cuentan con
los protocolos de búsqueda e investigación actualizados. Se han realizado más
de 50 mil actos de investigación.

En la Fiscalía de Guanajuato, refrendamos nuestro compromiso institucional
con los principios de la legalidad y la transparencia en la rendición de cuentas,
pilares fundamentales en un Estado Democrático de Derecho.

MENSAJE DEL FISCAL

Sin indicar el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas al que con compromiso manifiesto
abierta y dispuestamente me apego como representante de una de las instituciones que por su grave
responsabilidad se constituye como pilar precisamente de ese estado de derecho.

Ese sentimiento me mueve a la necesidad de ubicar en su justa dimensión la función proporadora de justicia como principal tarea del Ministerio Público, aceptado en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato,
cuyos integrantes consagran sus mejores esperos que hay honestamente ante lo que debe ser y ante lo que jamás debe desvirtuarse, el respeto por el imperio de la ley y por la dignidad de las personas.
Luego, si la luz del Estado de derecho ilumina los caminos de la investigación y persecución de los delitos,
se hace menester involucrar la concepción de la Seguridad Pública y el papel que ésta tiene
en la procuración de justicia a cargo de la Fiscalía General.

Constitucionalmente, la Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación,
los Estados y los municipios que comprende la prevención del delito en primer lugar,
la investigación del delito, la persecución del delito y la sanción en faltas administrativas.

A partir de esa elemental concepción constitucional,
es dable decir que la Seguridad Pública tiene dos grandes apartados,
el de la prevención que implica acciones de inhibición del delito precisamente
para que éste no ocurra y el de la reacción.

Esto es tareas de investigación y persecución del delito cuando a pesar de los esfuerzos preventivos de la Federación, de la parte estatal y municipal, aún así éste se presenta.

En ese contexto reflexivo, es dable y legítimo decir que el combate o la batalla de mayor alcance y trascendencia respecto al fenómeno delictivo no está en el esclarecimiento y sanción de los hechos delictosos, está en lograr que se eviten que no sucedan.

Sin embargo, ello no es así, pues a partir de equivocados entendimientos sobre lo que es y hace la Fiscalía General, conjuntadas con ideas esgadas y criterios de orden político o invuidos defectos mediáticos, se ha pretendido disasociar la procuración de justicia de su verdadera meta para deformarla al intentar definir su actividad como una tarea de la que dependen en solitario la Seguridad Pública, obviando deliberadamente que ese es objetivo de otras autoridades diferentes a cargo de la Federación, del Estado y de los municipios y no una función ministerial que no tiene ni tendrá en sí misma una consideración de prevención del delito.

Incomprensión lamentable, sin duda del quehacer ministerial, al considerar lo responsable de todo mal criminal que acontece, cuando como se ha dicho la verdadera salud está en que no se presente la enfermedad en evitarla,
en otros términos en que no ocurre el delito para que vivamos con un sentimiento saludable de armónica con vivencia social.

No es de ninguna manera mi intención a hundar sobre esa consideración ancestral enraizada en el inmaquinario colectivo, sino al contrario, destacar lo que hombres y mujeres que laboran en la Fiscalía han venido desarrollando, muchos de ellos desde que era Procuraduría General de Justicia, ello sin más afán, quedará conocer y contextualizar el trabajo y la transformación que se ha alcanzado, pues la Procuración de Justicia en Guanajuato no ha sido estática, se ha enfrentado a una problemática que nos impulsó a instrumentar una reingenería institucional para atender las necesidades de una sociedad moderna, una economía la alza y un territorio estratégico.

El cambio es palpable, la institución ha evolucionado y en muchos aspectos nos hemos adelantado las exigencias del fenómeno delictivo.

Hoy volteamos hacia atrás y vemos la solidez de lo construido, con proyectos que se han consolidado
y que han dado los resultados esperados y se han vuelto modelos referentes de más y mejor atención de calidad y con calidez.

No obstante, aún con estos resultados, aún así se pregunta, ¿por qué la Fiscalía no ha logrado prevenir la comisión de más delitos?
¿Por qué siguen aconteciendo?
¿E incluso por qué algunos van a la alza?
¿O por qué esas burbujas de violencia?
La respuesta es porque nuestra competencia y responsabilidad comienza cuando el delito ha ocurrido,
a fin de esclarecerlo y porque no llevamos a cabo la prevención
como parte de nuestras funciones.

En nuestra labor se involucra no solo el tiempo, sino la integridad física y la propia vida.

Condición que ha sido reconocida por el Constituyente, quien desde junio del 2008 modificó la Constitución para tratar de compensar a quienes invierten décadas de vida en actividades de seguridad pública y de procuración de justicia.

Con esquemas complementarios de seguridad social del que puede asirse cuando culmina en ese gran tramo de su existencia en el trabajo noble, satisfactorio, pero altamente complejo de la actividad ministerial.

Porque dramáticos son los casos que atiende y dramática es la convulsión emocional que maneja en los afectados por un hecho criminal, lo que no acontece en ninguna otra actividad gobernamental o de ejercicio público.

Por eso, en leyes derivadas de esa prerrogativa constitucional se dispone el derecho a una seguridad social complementaria, diferente por obvias razones a la ordinaria para otras instancias del servicio público.

En la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado se encuentra por lo que solo era necesario definir el esquema procedimental para su materialización.

Lo que se dispuso en el acuerdo 1 de agonaz 2024, así como en los dinamientos específicos de operación,
marco regulatorio que detalla y explicita el qué y el cómo hacer valer el derecho a una seguridad social complementaria.

En el derecho a una seguridad social, pero también en beneficio del personal sustantivo, afecto directamente a labores de investigación y persecución de los delitos, no es pues reitero, no es pues lamentablemente para personal administrativo, quien también se dispone día con día con el mejor de sus afanes a lograr los mejores condiciones para la fluidez de la actividad ministerial, pero que también ha sido blanco de actitudes delictuosas en su agravio por el simple hecho de pertenecer a esta institución.

A esas compañeras y compañeros, me más alto reconocimiento y el ofrecimiento de una disculpa por no poder instrumentar también esa compensación en su seguridad social.

Esa no está en mis manos porque así aún no lo establece el constituyente. Igual disculpa al personal sustantivo,
esto es en lo general a los agentes del milerio público, a los peritos, a los analistas, a los agentes de investigación criminal, porque me tardé años en dar instrumentación al esquema del que hablo.

Sin embargo, si de algo sirve en mi descarga, consideré que las condiciones imperantes en lo pretérito no
eran las más adecuadas y tal vez, tal vez montado en la ecuadrilla ilusión de que esta soberanía actuaría en mérito a ese mandato constitucional.

En un mundo sensato, a género intereses,
protervos o egoístas, esa tardanza debería de ser el verdadero reclamo.

No la crítica malzana, vendaz e hipócrita por haber emitido un acuerdo que únicamente reconoce ir a cuerpo
a lo que se reitera constitucional y legalmente se ha dispuesto desde el 16 de junio del 2008.

Desafortunadamente no ha sido así. De manera injurriante me han llamado en lo menos Gandaya, por supuesto haberme otorgado una pensión de lujo. Incluso hubo quien se atrevió a señalar que eso era un cobro de piso a la población guanajuatense.

Nada más cobardemente difamatorio e injurriante, no sólo para el de la voz, sino para cada mujer y cada hombre que trabajan con orgullo, con esfuerzo y compromiso en la Fiscalía General del Estado.

Más aún, cuando la complementaridad social encita tiene sus acotamientos o candados,
el principal que se dará siempre y cuando haya suficiencia presupuestaria y otros más que pocos escuchan que nadie podría alcanzar más del 50% de su sueldo actual.

Igual, esa prerrogativa sólo puede materializarse a partir de tener una condición de jubilación en el ISEC o que haya elaborado al menos 15 años en la Fiscalía en las áreas sustantivas.

Si se compara ello con otros esquemas de similar índole enraizadas en otras instancias donde con motivo de esa compensación se alcanzan pagos del 100% del sueldo o incluso más o que se obsequian becas de estudio a los hijos de cualquier escuela privada inclusive, resulta que lo que aquí se hizo en pequeñese y sin embargo con un despropósito desmesurado se asusa un linchamiento mediático que sataniza e inviste injustamente a quienes
trabajan en la noble institución ministerial, incomprendida, señalada, criticada, pero indispensable
y muy necesaria para contener dar flujo a todas esas denuncias, pero sobre todo para erigir cimiento real del Estado derecho, a veces tan olvidado en esta época.

Lo importante, lo verdaderamente trascendente es saber lo que somos y hacia dónde vamos, para convertirlo
en un estímulo que sella el compromiso de fraternidad y derreterada protesta de la altad con la procuración de justicia, que se materializa en el ejercicio honesto, responsable y profesional de la función, bajo la idea de potenciar la capacidad operativa y estructural en los márgenes que nuestra particular competencia impone.

Hoy he oído las gracias a mujeres y hombres procuradores de justicia por ser agentes de cambio,
por alentar y promover nuevas fuentes de evolución institucional, por contribuir a robustecer nuestra confianza, por inyectar el deseo de trascendencia, por alcanzar expresiones más altas en el trabajo, por fraguar una altitud dinámica y emprendedora en donde su labiosidad ha sido signo distintivo y el medio más eficaz para alcanzar objetivos válidos por más difícil que parezca.

Hoy lo afirmo y lo sostengo.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato es la mejor institución de procuración de justicia en el país.

Gracias se reitera a los hombres y mujeres comprometidos y orgullosos de pertenecer a ella.

No trabajamos para obtener reconocimientos, pero nos esforzamos por merecerlos.

Termino como inicié. Con el manifiesto de apertura, de disposición, de colaboración,
no como un sujeto de señalamiento impropio, sino como un individuo comprometido con honesta dignidad al servicio público en la procuración de justicia, que acepta su responsabilidad por los muy probables errores que por la imperfección conatural del ser humano se tienen, pero no aquellos que con maliciosa creatividad artificiosa son montados en el imaginario colectivo de la opinión pública.

Obsequio, gustoso, mi respeto a todos, pero jamás mi dignidad ni la de mi familia. Ni tampoco la de esos hombres y mujeres, casi seis mil, a los que han llamado mis hallegados.

Compañeras y compañeros en el ejercicio del trabajo ministerial.

Exiquencia de reciprocidad en el respeto mutuo la llaman, quedo a sus órdenes.