El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó una serie de reformas a la Constitución Política del Estado para armonizarla con la Constitución federal, incorporando medidas relacionadas con la no reelección, el combate al nepotismo electoral, la paridad de género, la disciplina presupuestaria y nuevas restricciones para acceder a cargos públicos.
Entre los principales cambios aprobados destaca la prohibición de la reelección consecutiva para diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, además de establecer candados para impedir el nepotismo electoral, al prohibir que familiares directos de quienes ocupen un cargo puedan contender para sucederlos.
La reforma establece que no podrán aspirar a cargos municipales quienes tengan vínculos de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco hasta cuarto grado con la persona que ejerza actualmente el cargo al que buscan postularse. Asimismo, se impedirá contender a quienes tengan sanciones firmes por violencia política contra las mujeres en razón de género.
En materia de austeridad y disciplina financiera, se determinó que las remuneraciones de consejeros electorales, magistrados electorales y titulares de áreas ejecutivas no podrán exceder el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución federal, es decir, nadie podrá ganar más que la persona titular de la Presidencia de la República.
Además, se prohibió el uso de recursos públicos para seguros privados de gastos médicos, seguros de separación individualizada, pensiones especiales o privilegios no contemplados en la ley.
Otro de los cambios relevantes establece que el presupuesto anual del Congreso local no podrá exceder el 0.7 por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado.
La reforma también redefine la integración de los ayuntamientos, señalando que estarán conformados por la presidencia municipal, una sindicatura y un máximo de 15 regidurías, además de obligar a observar los principios de paridad de género vertical y horizontal, igualdad sustantiva y perspectiva de género.
En el caso de la gubernatura, se incorporaron nuevos requisitos de elegibilidad, entre ellos la separación del cargo al menos seis meses antes de la elección para integrantes del gabinete federal y estatal, magistraturas, fiscalías y mandos militares. Asimismo, se aplicará la prohibición por parentesco con quien ocupe la titularidad del Ejecutivo estatal.
Durante la discusión, el diputado Juan Carlos Romero Hicks señaló que las modificaciones responden a la necesidad de armonizar la legislación estatal antes del proceso electoral de 2027 y explicó que la reforma se centra en dos ejes: la prohibición de la reelección y el nepotismo, así como la incorporación de aspectos del denominado “Plan B”, como la reducción del tamaño de los ayuntamientos y el límite presupuestal a los congresos locales.
Sin embargo, consideró que aún quedan pendientes temas de fondo como las candidaturas comunes, la representación proporcional y la revocación de mandato.
Por su parte, el legislador David Martínez Mendizábal sostuvo que la reforma mantiene el federalismo y la autonomía municipal, además de corregir excesos salariales y fortalecer la regulación del ejercicio público.
La diputada María Eugenia García Oliveros afirmó que el dictamen optimiza la administración municipal sin afectar la representación ciudadana y fortalece la igualdad sustantiva y la alternancia política.
En contraste, la legisladora Susana Bermúdez Cano criticó que la prohibición de reelección se aplique a cargos de elección popular, mientras que magistrados y jueces del Poder Judicial sí conservarán la posibilidad de reelegirse.
Durante la votación en lo particular, el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero presentó una reserva para fortalecer la paridad en la asignación de diputaciones de representación proporcional y garantizar que las listas plurinominales fueran encabezadas por mujeres; sin embargo, la propuesta fue rechazada.
