La aprobación de una auditoría integral a la administración municipal de León se convirtió en uno de los temas políticos más relevantes de la semana en Guanajuato, luego de que el Congreso del Estado ordenara a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato ASEG, revisar el manejo de recursos públicos correspondientes a los ejercicios fiscales 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.
La decisión se da en un contexto marcado por la difusión de presuntas irregularidades relacionadas con empresas señaladas como «fantasma», dadas a conocer por un medio de comunicación, y días después de que la alcaldesa de León anunciara su incorporación a Movimiento Ciudadano, situación que también fue motivo de debate durante la sesión legislativa.
De acuerdo con el dictamen aprobado por mayoría, la ASEG deberá practicar una auditoría integral y concomitante sobre las transacciones que no fueron revisadas en fiscalizaciones anteriores, además de investigar las operaciones realizadas con las empresas Office and Publicity MDF S. de R.L. de C.V., Synamica S.A. de C.V., Centro Publicitario y de Marketing TLGR S.A. de C.V., García Vaxkin Asociados S.A. de C.V., así como con cualquier otra persona física o moral relacionada. La revisión también abarcará el funcionamiento del Patronato del Parque Zoológico de León.
Durante la presentación del dictamen, el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta sostuvo que el objetivo de la auditoría no representa una condena anticipada ni la determinación de responsabilidades, sino el cumplimiento de la obligación institucional de revisar el manejo de los recursos públicos.
«El dinero público pertenece a los ciudadanos y debe estar sujeto a revisión», expresó el legislador, quien añadió que, en caso de encontrarse irregularidades, corresponderá a las autoridades competentes actuar conforme a derecho.
Sin embargo, el acuerdo generó un intenso debate en el Pleno.
El diputado Rodrigo González Zaragoza cuestionó la oportunidad política de la auditoría y afirmó que el procedimiento se impulsó luego de que la alcaldesa dejara las filas del partido que gobernaba anteriormente, por lo que calificó la medida como un ejemplo de utilización selectiva de los mecanismos de fiscalización.
En contraste, el legislador Sergio Alejandro Contreras Guerrero defendió la revisión al señalar que existen elementos suficientes para justificarla, entre ellos presuntas inconsistencias en domicilios fiscales de empresas contratistas y un elevado número de adjudicaciones directas. Indicó que una de las empresas sujetas a revisión recibió cerca de 12 millones de pesos mediante 35 contratos, de los cuales 33 fueron asignados sin licitación pública.
Por su parte, diputados de distintas fuerzas políticas coincidieron en que la fiscalización debe aplicarse sin distingos partidistas, aunque hubo posiciones encontradas sobre si este caso representa un ejercicio de transparencia o una eventual persecución política.
Mientras algunos legisladores sostuvieron que la Auditoría Superior actúa como un órgano técnico y autónomo que debe revisar cualquier señalamiento sobre el uso de recursos públicos, otros advirtieron que las auditorías no deben utilizarse como herramientas de confrontación política.
Con la aprobación del dictamen, la Auditoría Superior del Estado deberá iniciar a la brevedad los trabajos de revisión, cuyos resultados permitirán determinar si existieron irregularidades administrativas o posibles responsabilidades legales dentro de la administración municipal de León.