Una nueva sentencia de 238 años de prisión fue impuesta a Edgar Francisco “N”, director del despacho jurídico Punto Legal, tras ser encontrado culpable de ofrecer fraudulentamente inmuebles que supuestamente se encontraban en remate bancario, pero que en realidad no estaban sujetos a litigio y cuya venta no tenía autorización legal.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que, durante el juicio celebrado ante los Tribunales de Oralidad Penal con sede en León, el Ministerio Público presentó pruebas que acreditaron la forma en que el ahora sentenciado ofrecía propiedades ubicadas en distintos puntos de la ciudad a precios atractivos, provocando pérdidas económicas a las personas que confiaron en sus servicios.
De acuerdo con la investigación, Edgar Francisco “N” utilizaba su posición como director de Punto Legal para promocionar los inmuebles, pese a que no contaba con facultades legales para concretar las operaciones. Las pruebas presentadas durante el proceso permitieron acreditar su responsabilidad penal en los hechos correspondientes a 28 víctimas.
Además de la pena de prisión, el tribunal le impuso una multa de 248 mil 349 pesos con 60 centavos y ordenó suspender su cédula profesional por el mismo periodo de la pena privativa de la libertad.
En materia económica, deberá pagar 9 millones 719 mil 900 pesos por concepto de reparación del daño, además de cubrir la reparación del daño moral y los perjuicios derivados de las afectaciones físicas y psicológicas ocasionadas a las víctimas.
La Fiscalía precisó que, aunque la sentencia establece una condena de 238 años, conforme al Código Penal del Estado de Guanajuato, el tiempo máximo de prisión que podrá compurgar por esta resolución es de 40 años. Esta nueva condena se suma a una sentencia previa de mil 18 años de cárcel que ya había sido impuesta al acusado.
135 víctimas han recibido justicia; otras 100 siguen esperando
Con esta resolución, suman 135 víctimas del despacho Punto Legal que han obtenido justicia mediante las sentencias dictadas contra su director. Sin embargo, el caso todavía no concluye, pues existen otras 100 personas que esperan la realización de sus respectivos juicios para que se determinen las responsabilidades correspondientes.
La Fiscalía estatal señaló que su labor no se limita a conseguir condenas de prisión, sino que también busca garantizar la reparación integral del daño para quienes resultaron afectados por las operaciones fraudulentas.
El caso de Punto Legal se mantiene como uno de los procesos judiciales de alto impacto por el número de personas afectadas y las cantidades económicas involucradas, mientras las autoridades continúan con las acciones encaminadas a que las víctimas restantes puedan acceder a la justicia.
