El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, advirtió que la extorsión se ha convertido en uno de los principales problemas que enfrentan los empresarios y ciudadanos en México, al grado de mantener “de rodillas” a miles de personas.
El dirigente empresarial señaló que la extorsión encabeza actualmente el listado de delitos que afectan al sector empresarial, por lo que consideró necesario fortalecer las estrategias para combatirla y garantizar condiciones de seguridad para quienes generan empleos e invierten en el país.
Sierra Álvarez manifestó su respaldo a la medida de registrar las líneas telefónicas, al señalar que otorgan un voto de confianza a las autoridades y que, de aplicarse correctamente, podría contribuir a disminuir las llamadas utilizadas para cometer extorsiones.
El presidente nacional de Coparmex sostuvo que alrededor del 90 por ciento de las extorsiones en el país se realizan mediante llamadas telefónicas provenientes de centros penitenciarios, situación que, dijo, evidencia la necesidad de establecer mecanismos más eficaces para identificar y bloquear este tipo de comunicaciones.
Asimismo, informó que aproximadamente 37 por ciento de los empresarios que han sido víctimas de extorsión han terminado pagando las cantidades exigidas por los delincuentes, ante el temor de sufrir consecuencias mayores para ellos, sus familias o sus negocios.
Sin embargo, el líder empresarial subrayó que las cifras oficiales no reflejan la totalidad del problema, debido a la existencia de una “cifra negra” provocada principalmente por la falta de denuncias.
Explicó que muchas víctimas prefieren no acudir ante las autoridades por miedo a represalias, lo que dificulta dimensionar el verdadero alcance de este delito y establecer estrategias de seguridad acordes con la realidad que enfrentan empresarios y ciudadanos.
Ante este escenario, Coparmex consideró indispensable que cualquier estrategia contra la extorsión vaya acompañada de mecanismos que permitan recuperar la confianza de las víctimas en las autoridades, facilitar las denuncias y garantizar su protección.
Para el sector empresarial, combatir la extorsión representa no solamente un asunto de seguridad pública, sino también una condición necesaria para mantener la actividad económica, la generación de empleos y las inversiones en México.
