El canciller mexicano Roberto Velasco aseguró que México mantiene una revisión jurídica exhaustiva y apegada a derecho ante cualquier solicitud de extradición presentada por Estados Unidos, esto luego de que el Departamento de Justicia estadounidense solicitara la detención y extradición de 10 personas por presuntos vínculos con el crimen organizado, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Velasco explicó que tanto México como Estados Unidos aplican criterios legales estrictos antes de proceder con solicitudes de extradición o detención provisional, especialmente en casos relacionados con corrupción, desaparición forzada y delincuencia organizada.
“El gobierno de Estados Unidos nos solicita sistemáticamente información complementaria estableciendo un alto estándar de revisión incluso para proceder sobre la solicitud de detención provisional. Esta es la práctica que hemos seguido ambos países”, expresó el funcionario.
El canciller detalló que del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, México ha solicitado a Estados Unidos 269 extradiciones; sin embargo, ninguna ha sido concretada hasta el momento. Además, 36 solicitudes han sido rechazadas y 233 permanecen pendientes de resolución.
Precisó que de los expedientes pendientes, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición que actualmente se tramitan ante autoridades judiciales estadounidenses, mientras que las 50 restantes son solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
Velasco señaló que en 47 de esas 50 solicitudes de detención provisional, las autoridades estadounidenses requirieron información adicional antes de avanzar en el procedimiento, situación que calificó como habitual y respaldada por el tratado bilateral vigente entre ambos países.
Para ejemplificar estos criterios, mencionó diversos casos de mexicanos reclamados por la justicia nacional, entre ellos el de Francisco Javier “N”, exfuncionario de Tamaulipas acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, donde Estados Unidos pidió información complementaria antes de continuar el trámite.
También citó el caso de Víctor Manuel “N”, relacionado con operaciones de factureras, cuya solicitud de detención provisional fue negada al no considerarse un delito violento; así como los expedientes de Rafael “N” y Elías “N”, vinculados al caso Infonavit, en los que se requirió una petición formal de extradición debido a que no eran considerados un riesgo para la sociedad.
Asimismo, mencionó casos ligados a la desaparición de los 43 normalistas de Caso Ayotzinapa, como el de José Ulises “N” y Pablo “N”, integrante de Guerreros Unidos, donde también se solicitó información adicional y documentación complementaria.
El funcionario sostuvo que estos antecedentes demuestran que ambos países realizan análisis legales profundos y que las solicitudes no son atendidas de manera automática.
“Cada país conforme a su legislación también hace un análisis de estas solicitudes de detención provisional. No es un análisis literal del tratado como si existiera en el vacío legal”, afirmó.
Finalmente, reiteró que las revisiones jurídicas realizadas por México y Estados Unidos tienen fundamento legal y forman parte de los procedimientos ordinarios establecidos en materia de cooperación internacional y extradiciones.