En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso local aprobó reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, con el objetivo de adecuar el marco normativo al modelo de elección popular de personas juzgadoras.
El dictamen contiene siete iniciativas que fueron presentadas en la materia y aborda una armonización normativa integral derivada de la reforma constitucional en materia judicial-electoral. De igual manera, implementa criterios de lenguaje incluyente y no sexista, a efecto de fortalecer la transversalidad de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.
Estas reformas constituyen el andamiaje jurídico para la implementación del nuevo modelo de elección popular de personas juzgadoras previsto en el marco constitucional federal y local.
Entre las modificaciones aprobadas se encuentra la incorporación de un nuevo modelo de organización y desarrollo de los procesos de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, estableciendo reglas específicas para la postulación de candidaturas, campañas, fiscalización, medios de impugnación, cómputos, asignación de cargos y declaratoria de validez de las elecciones judiciales.
La implementación de mecanismos institucionales de coordinación entre poderes públicos y autoridades electorales también fue incluida, delimitando competencias y procedimientos para garantizar la observancia de los principios constitucionales de legalidad, certeza, imparcialidad, independencia, objetividad, máxima publicidad, transparencia y paridad de género.
Asimismo, se incorporan nuevas figuras procesales para la protección de los derechos político-electorales, como son el juicio electoral, el juicio de inconformidad en materia judicial y el juicio general.
El dictamen también prevé reglas que regirán la contienda para las personas juzgadoras, como la prohibición de contratar espacios en radio y televisión, la restricción para realizar actos anticipados de campaña, así como medidas para evitar propaganda pagada en medios de comunicación y redes sociales mediante mecanismos de posicionamiento artificial y la obligación de transparencia y equidad en el uso de recursos públicos durante las campañas.
Otro de los aspectos relevantes es la creación de los Comités de Evaluación de los tres poderes del Estado, responsables de integrar los listados de personas aspirantes elegibles y evaluar la idoneidad de los perfiles.
Como autora del dictamen, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia señaló que la discusión de esta reforma cumple con el principio constitucional que exige toda modificación electoral se publique al menos 90 días antes del inicio del proceso, con el propósito de garantizar certeza jurídica, estabilidad institucional y reglas claras sin cambios sobre la marcha por intereses políticos coyunturales.
